En el complicado mundo de las relaciones entre los habitantes y las instituciones gubernamentales, uno de los conceptos que puede resultar confuso para muchos es el del “silencio administrativo”. A primera vista, puede parecer un término contradictorio: ¿cómo puede el silencio, que normalmente asociamos con la ausencia de respuesta, tener un papel tan importante en la administración pública?
El silencio administrativo se refiere precisamente a eso: cuando la Administración Pública no responde a una solicitud dentro del plazo establecido. Dicho de otra forma, es el eco cuando un ciudadano se dirige a las entidades gubernamentales en busca de una respuesta o acción y, por diversas razones, no recibe respuesta 🤫.
En España, numerosos sistemas legales regulan este fenómeno, siendo la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) la que lo rige. La Administración generalmente tiene un plazo de seis meses para resolver una solicitud, comenzando desde la fecha en que se presentó la solicitud ⏳.
Existen 2 tipos de Silencio Administrativo:
- ✅ Silencio Administrativo Positivo: Cuando el Silencio Habla por Sí Mismo
El silencio administrativo positivo se da cuando, transcurrido el plazo establecido sin que la Administración haya dado una respuesta expresa, se presume que la solicitud ha sido aceptada. Esto significa que el ciudadano puede actuar como si su solicitud hubiera sido aprobada y, en muchos casos, proceder en consecuencia.
Por ejemplo, si un ciudadano solicita un permiso para realizar una actividad determinada y la Administración no responde en el plazo establecido, se presume que el permiso ha sido concedido tácitamente. Esto otorga al ciudadano ciertos derechos y prerrogativas que puede ejercer en virtud de esa presunción legal de aceptación.
- ❌ Silencio Administrativo Negativo: Cuando el Silencio Debe ser Interpretado
No obstante, no todos los casos presentan un silencio administrativo positivo. El silencio administrativo negativo es una excepción. En estas circunstancias, no se presume que la solicitud sea aceptada si la Administración no responde en el plazo establecido.
Esto puede ocurrir cuando la ley establece lo contrario de manera explícita o cuando existen circunstancias específicas que justifican la falta de respuesta. En tales situaciones, el silencio del gobierno no se interpreta como una aprobación tácita; en cambio, deja al ciudadano en incertidumbre sobre su estado de solicitud.
En conclusión, el silencio administrativo, aunque aparentemente contradictorio, es un elemento clave en las relaciones entre ciudadanos y administraciones públicas. Su comprensión es fundamental para los ciudadanos, ya que puede tener un impacto significativo en sus derechos y obligaciones.
